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ABRIL DE 2010 - AÑO III - Nº 7

EL DECRETO 460/99 y su aplicación jurisprudencial

Dra. Mercedes Crespo

Antes que nada, quiero resaltar que puede que este tema resulte harto conocido por quienes están hace años en el ejercicio de esta rama del derecho. Mis intenciones en realidad, al redactar y compilar el material para este pequeño artículo, estuvieron dirigidas a quienes recién se inician en la materia previsional, a fin de facilitarles una visión un poco más amplia respecto a este tema en particular, en miras a que no renuncien al gestionamiento de los beneficios previsionales, cuando tan sólo las apariencias hacen inferir que no podremos obtenerlos con éxito.

El Decreto 460/99 es el que actualmente reglamenta el art 95 de la ley 24241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones a nivel Nacional.
Dicho artículo refiere al requisito de la regularidad en los aportes para que sea procedente: A) el otorgamiento del beneficio de pensión a los derechohabientes enumerados en el art 53 de la ley 24241, y para B) el otorgamiento del beneficio de retiro por invalidez para quienes reúnan los requisitos del art 48 de la misma ley. Por lo tanto, lo normado por este decreto es un recaudo necesario y  común para ambos beneficios previsionales.
Este art. 95 establece que será procedente el pago del beneficio de pensión o jubilación por invalidez siempre y cuando el afiliado se encuentre efectuando de manera regular los aportes al sistema, o bien estuviere cumpliendo en forma irregular con dicha obligación, pero conservando su derecho al beneficio. Qué se entiende por aportante regular y aportante irregular con derecho es lo que establece y reglamenta el actual decreto 460/99, que modifica al anterior decreto reglamentario 136/97, modificatorio a su vez del decreto 1120/94.
La sucesividad de los mentados decretos responde a la causa de que, con los mismos, se generaban situaciones no queridas y ajenas a la finalidad con que fueron creados, suprimiendo en muchos casos el acceso a los beneficios de la seguridad social, lo cual motivó la modificación del primer decreto. No obstante ello, se siguieron produciendo casos de injusticia notoria para aquellos afiliados que no reunían los recaudos exigidos por la normativa reglamentaria aplicable al caso, aún cuando acreditaban una importante cantidad de años aportados al sistema. Es así que se llega al actual decreto 460/99, el cual no ha agotado aún todas las situaciones susceptibles de configurarse en torno al art. 95, inc a) apartado 1 y 2, de modo que en una inmensa situación de casos tendremos que recurrir a los tribunales, para que los jueces establezcan en cada caso, las soluciones que sean acorde al principio de justicia.
Cabe tener en cuenta para estos casos, las distintas resoluciones del organismo de la alzada administrativa (Comisión Administrativa Revisora de la Seguridad Social - CARSS), quien acertadamente en varias de sus resoluciones, resuelve en sede administrativa casos que sin duda tendrían como punto final los estrados judiciales, en miras al reconocimiento de derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional.
Por todo lo dicho y tal como surge de la copiosa jurisprudencia administrativa y judicial es que se puede afirmar sin temor a equívoco, que los casos que se presentan día a día referidos a este tema, superan ampliamente a los previstos por esta reglamentación, lo que debería ser atendido con una futura y pronta modificación legal que permita la inclusión de numerosos casos que quedan sin protección con la actual reglamentación, obligando a quienes requieren la cobertura de la seguridad social en el momento en donde más lo necesitan, a acudir a los estrados a fin de que se protejan sus derechos de carácter alimentario y con jerarquía constitucional.

Primeramente voy a mencionar cuáles son los requisitos que establece la normativa actual para acceder a los beneficios de pensión y jubilación por invalidez, para luego mencionar algunas de las resoluciones de la CARSS y sentencias de jueces que no obstante no cumplimentar con los recaudos de dicha reglamentación, hacen lugar al otorgamiento de los beneficios peticionados.
Su estudio resulta por demás importante a fin de no darnos por vencidos en la lucha de reclamos para la obtención de los mismos, cuando prima facie parecerían no tener acogida.

Decreto 460/99.
De acuerdo a este decreto se considera:
I) aportante regular con derecho a quien se le hubieran efectuado las retenciones correspondientes (para el caso de los trabajadores en relación de dependencia) o que registren el ingreso de sus aportes (para el caso de autónomos y monotributistas), siempre que cada pago se hubiere efectuado dentro del mes calendario correspondiente a su vencimiento, durante treinta (30) meses como mínimo dentro de los treinta y seis (36) meses anteriores a la fecha de la solicitud del retiro por invalidez o a la fecha de fallecimiento del afiliado en actividad.
II) aportante regular con derecho a aquellos que acrediten el mínimo de años de servicios exigidos para acceder a la jubilación ordinaria.
III) aportante irregular con derecho a quien se le hubieran efectuado las retenciones correspondientes (para el caso de los trabajadores en relación de dependencia) o que registren el ingreso de sus aportes (para el caso de autónomos y monotributistas), siempre que cada pago se hubiere efectuado dentro del mes calendario correspondiente a su vencimiento, durante dieciocho meses (18) como mínimo dentro de los treinta y seis (36) meses anteriores a la fecha de la solicitud del retiro o a la fecha del fallecimiento.
IV) Si el período de afiliación fuera inferior a treinta y seis (36) meses, se considerará, a los fines enunciados en los apartados I) y III) el total de meses de afiliación respetando las proporciones de meses aportados allí establecidas a los fines de la calificación de aportantes.
V) Cuando el afiliado en relación de dependencia o autónomo no alcanzare el mínimo de años de servicio exigido en el régimen en que se encuentre incluido para acceder a la jubilación ordinaria, los períodos exigidos se reducirán a 12 meses dentro de los 60 meses anteriores a la fecha de la solicitud del retiro por invalidez o a la fecha de fallecimiento del afiliado en actividad, siempre que acredite al menos un 50% de dicho mínimo y el ingreso de las cotizaciones correspondientes.
- Cabe hacer mención que para el supuesto de  trabajadores que realizan tareas discontinuas los períodos establecidos por el decreto son diversos, como así también cabe mencionar que no se ha transcripto de manera idéntica el mentado decreto, sino sólo en lo que hace al interés de lo que a continuación se desarrollará. Es por ello que para una mejor comprensión, se recomienda su íntegra lectura -.

Ahora bien; como ya se ha dicho, existe una inmensidad de casos en los que no se verifica el cumplimiento de los recaudos exigidos por este decreto en cuanto a los servicios prestados por los trabajadores. La ANSES aplica este decreto a raja tabla, sin tener en cuenta ciertas particularidades que hacen injusto el rechazo del beneficio peticionado. A razón de ello es que debemos avocarnos al estudio de la jurisprudencia que se fue desarrollando a lo lardo de estos últimos años, donde los jueces, de una manera por demás justa y acorde con los derecho establecidos por nuestra Constitución Nacional, fueron llenando ese vacío legal,  apelando a las verdaderas intenciones de nuestros legisladores  constituyentes, cuando establecieron en nuestra Carta Magna los beneficios de la seguridad social.
Como corolario de ello, según el principio de hermenéutica jurídica: in dubio pro justitia socialis, que tiene categoría constitucional, las leyes deben ser interpretadas en favor de quienes tienden a alcanzar el bienestar, esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad. Y considerando, además, que dado el carácter alimentario de los beneficios previsionales se debe tender a rechazar toda fundamentación restrictiva en cuanto a su otorgamiento y goce, es que en caso de duda debe estarse a la situación más favorable al peticionante, pues lo esencial en estos casos es cubrir los riesgos de subsistencia y ancianidad, dada la naturaleza tuitiva de los beneficios de la seguridad social.

Seguidamente haré mención de algunos fallos de los tribunales de Cámara y de Corte y algunas de las resoluciones de la CARSS, que reflejan lo antedicho, y muestran de qué manera funciona esta lógica en cuanto a la aplicación e interpretación del decreto 460/99, objeto de análisis de este artículo.

* Causa “Rossi, Claudia Norma c/ANSES s/prestaciones varias”, Cámara Federa de la Seg. Soc., Sala II, 16/09/08.
Hechos: La afiliada había estado inactiva durante casi 7 años (entre el 30/03/95 y el 01/01/02) y vuelto a las tareas en relación de dependencia un poco más de 6 meses antes de sufrir un accidente cerebro-vascular, que le produjo una incapacidad del 70% de la total obrera, por lo que no cubría la exigencia del decreto respecto los 18 meses de aportes dentro de los últimos 36 meses anteriores a la fecha de la solicitud.
Qué dice la Cámara: “Corresponde tener por cumplidas las exigencias de regularidad previstas en el art. 95, inc.1 de la ley 24.241, por cuanto al momento de sufrir el accidente, contaba con casi 7 años de aportes, 40 de edad y se encontraba trabajando y aportando en forma regular al sistema previsional, por lo que no puede configurarse un supuesto de captación indebida del beneficio. Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad del decreto 460, cuando su aplicación mecánica determina la pérdida del beneficio, pues si bien es cierto que el legislador cuenta con facultades reglamentarias, las mismas deben ser ejercitadas dentro de limites razonables, de manera que no hieran en forma sustancial los derechos emergentes de la Seguridad Social”.
* En caso similar votó el Dr. Fasciolo, miembro de la Cámara Federal de la Seg. Soc., sala III, de fecha18/03/05. Así, en la causa “Barsena, Víctor H. c/ ANSES s/ jubilación y retiro por invalidez”, dijo: “Corresponde confirmar la decisión de hacer lugar al otorgamiento del retiro por invalidez si el juzgador para así resolver computo la condición de regularidad a partir de la fecha en que el trabajador se encontró impedido de seguir laborando, y consecuentemente, de cotizar. Sus padecimientos en modo alguno le permitieron tener conciencia de la importancia que para él implicaba pedir en tiempo oportuno la jubilación por invalidez a la que tiene derecho por padecer una minusvalía del 70% de la total obrera”. Cabe tener presente un dato de gran trascendencia en nuestra labor práctica que surge de esta sentencia en el voto de la mayoría: “Corresponde desestimar la petición de otorgamiento del retiro por invalidez pues el afiliado no reúne los requisitos previstos en el decreto 460, máxime si el interesado no planteó la inconstitucionalidad de lo dispuesto en el art. 95, ley 24241 y su reglamentación, pues un criterio en sentido contrario equivale a admitir la posibilidad de creación de la norma por la simple voluntad del juzgados, siendo que tal facultad no resulta atendible”. Vale decir, que la inconstitucionalidad del decreto 460 debe pedirse de manera expresa en todos los casos y que si bien aquí no se dio lugar a lo peticionado, cabe presumir que muy diferente hubiese sido lo resuelto en la sentencia de pedirse de manera clara y precisa la inconstitucionalidad del decreto reglamentario.
* Causa: “Juárez de Caloso, María Cristina c/ ANSES s/ jubilación y retiro por invalidez” de fecha 09/04/2007, la misma sala III resolvió considerar que el cómputo del plazo de la regularidad en los aportes ha de efectuarse a partir del momento en que el trabajador se encontró incapacitado para prestar servicios.
* Causa: “Cejas, Julián B. c/ ANSES”, de fecha 12/12/05, de la Sala I: “Corresponde otorgar el retiro transitorio por invalidez a quien presenta varios años de servicios demostrativos de una vida laboral prolongada con cumplimiento de las exigencias de la legislación previsional, pues aun cuando el actor no haya logrado acreditar doce meses de aportes dentro de los últimos 60 anteriores la fecha de solicitud del beneficio como lo exige el decreto 460/99, no resulta razonable privarlo del beneficio, pues ello implicaría colocarlo en la misma situación de quienes cumplieron sólo esporádicamente con sus obligaciones previsionales”
* Causa: “Portillo, Alicia Lidia c/ ANSES s/ pensiones”, Cámara Federal de la Seg. Soc., Sala II, 17/11/07.
Hechos: el causante al momento de su fallecimiento contaba con un total de 27 años,11 meses y 19 días de servicios con aportes.
Dado que la decisión de ANSES había sido “formalmente correcta“, la Cámara se definió por una postura que ha tenido en cuenta para resolver el caso la especial naturaleza de los beneficios previsionales. La misma dijo: “En tal sentido, cabe tener presente el criterio sustentado por nuestro más Alto Tribunal en el sentido de que las leyes previsionales deben interpretarse conforme a la finalidad que con ellas se persigue, lo que impide fundamentar su interpretación restrictiva. El rigor de los razonamientos lógicos debe ceder, en su interpretación, ante la necesidad de que no se desnaturalicen los fines que las inspira, que no son otros que la cobertura de riesgos de subsistencia. La intención del legislador al dictar las normas que aquí nos ocupan, ha sido evitar la captación indebida de beneficios pero tales extremos no se configuran en autos pues el causante computa  más del 50% de los años de servicios con aportes requeridos por la norma. De esta forma, el actor ha cumplido con la obligación de ser solidario con el sistema previsional, de neto carácter contributivo”.
* Causa: “Morales, Ana M. c/ ANSES s/ pensiones”, de fecha 7/11/06. Sala III: Si al momento del fallecimiento el causante computaba más de la mitad del mínimo de años de servicios con aportes exigidos por la legislación vigente, aunque no registraba dentro de los 60 meses previos al fallecimiento doce meses de cotizaciones regulares, tal como lo exige el decreto 460 para ser considerado aportante irregular con derecho, corresponde reconocerle dicho carácter. Ello así, porque la razonabilidad de la condición insatisfecha se muestra palmaria si se tiene en cuenta que priva a los causahabientes de acceder a la pensión pretendida, situación que contrasta con el trato dispensado por el pto. 5 del referido art 1,decreto 460, pues un trabajador con menos de 36 meses de afiliación y de servicios con aportes podría acceder a la condición de aportante regular. En las condiciones descriptas, denegar la pretensión convertiría a las cotizaciones realizadas con motivo del desempeño laboral del causante (en el caso, por casi dos décadas) en un impuesto al trabajo sin contraprestación alguna por el Estado, con total desprecio de su deber de otorgar los beneficios de la Seguridad Social que tendrá carácter integral e irrenunciable”. En la causa “Ríos, Fortuna M. c/ ANSES” de fecha 13/11/06 esta misma sala resuelve otro caso similar dando los mismos fundamentos.
* Causa: “Avaca, Marta Isolina c/ ANSES s/ jubilación y retiro por invalidez”, Corte Suprema de Justicia de la Nación, de fecha 19/02/08.
Aquí se resuelve que, si bien al momento del deceso el difunto no contaba con los aportes necesarios para ser considerado aportante regular o irregular con derecho, “en tanto no se encuentra controvertido que el causante se encontraba en actividad y que aportaba regularmente al momento de su fallecimiento, según surge de la boleta de depósito y del cómputo de servicios obrantes en el expediente administrativo, corresponde aplicar el artículo 53 inc a) de la ley 24241, que rige para todos los beneficiarios del sistema integrado de jubilaciones y reconoce el derecho a la viuda a obtener la pensión por muerte del afiliado en actividad”.
* Resolución 20351/2007 de la CARSS.
El decreto 460 establece que quienes acrediten el mínimo de años de servicios exigido en el régimen común o diferencial en que se encuentren incluidos para acceder a la jubilación ordinaria, serán considerados en todos los casos como aportantes regulares siempre que acrediten el ingreso de las cotizaciones correspondientes. Por su parte el art 19 de la ley 24241 establece que para acceder a la PBU, PC y PAP deben acreditarse 30 años de servicios y 65 de edad los hombre y 60 de edad las mujeres. La parte transcripta del decreto parte de la lógica de considerar como vida útil laboral el período comprendido entre los 18 años de edad hasta los 65 o 60 según se trate respectivamente de hombres o mujeres. Es decir que para el caso del hombre se toma como vida útil laboral las cantidad de 47 años (65 -18). En este orden de ideas quien fallezca o se invalide antes de llegar a la edad exigida para la jubilación, pero con la cantidad de años de servicios proporcionales a su edad, cumplimentará el equivalente al 100% de los extremos requeridos por la norma vigente y consecuentemente, su condición será de aportante regular con derecho. Conforme al mencionado guarismo, resulta que 30 años de servicios dentro de 47 años de máxima vida útil laboral representan un cumplimiento del 100% del tiempo de aportes exigidos (la fórmula sería 30 x 100 / 47, o lo que es lo mismo: se requiere que trabaje y aporte un 63,83% de su vida útil laboral). Ahora, para el caso de que el causante hubiere fallecido a la edad de53 años por ejemplo, su máximo de vida laboral útil para el caso en concreto sería de 35 años (53 - 18); por lo que el 63,83% de 35 es 22,34, ello implica que para cumplimentar los extremos legales debe contar con 22 años, 4 meses de aportes al sistema previsional. Así lo ha interpretado y resuelto la CARSS en esta resolúción.
* Resolución 22585/2008 de la CARSS.
El decreto 460 prescribe que el afiliado autónomo será considerado aportante regular si registra el ingreso de sus aportes durante 36 meses anteriores a los acontecimientos prescriptos, siempre que cada pago se  hubiera efectuado dentro del mes calendario correspondiente a su vencimiento. La alzada administrativa reconoce una situación harto injusta para muchos aportantes autónomos que ven limitados sus derechos por pagar fuera de las fechas impuestas arbitrariamente por las normas. Así, en el caso resuelto a través de esta resolución, si bien el causante pagó fuera del término impuesto por la AFIP, se dijo que “aunque la fecha de pago fuera posterior al vencimiento pero dentro del mes respectivo a éste, resultarán computables a todos los efectos previsionales, como así también  para la acreditación de la condición de aportante“

Para culminar con este trabajo diré brevemente que al momento de gestionar el otorgamiento de los beneficios previsionales, debemos como abogados, valernos de todas las herramientas que nuestro ordenamiento jurídico nos proporciona, a fin de defender y hacer valer los derecho reconocidos por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales a ella incorporados. No olvidando que la ley no es la única fuente de derecho a la cual podemos recurrir. Contamos también con los principios generales del derecho, una vasta jurisprudencia y doctrina dedicada al caso, de gran importancia todas ellas para que se respeten estos derechos de carácter alimentario, imprescindibles para gozar de una vida digna.