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NOVIEMBRE DE 2010 - AÑO III - Nº 10

De Nuevo Sobre el Concepto de “Cargas de Familia” en la Ley de Contrato de Trabajo

Por Nicolás J.R. Vitantonio

I – Introducción.

                                 Comencemos formulando una aclaración sobre el título de esta colaboración: decimos “de nuevo” porque, como el lector seguramente sabrá, la conceptualización de las denominadas “cargas de familia” en el contexto normativo de la ley de contrato de trabajo generó una profusa y abundante aportación, no sólo de la doctrina sino también de la jurisprudencia nacional. De suyo, la extensión de este trabajo no permite – ni la intención que nos mueve tampoco – formular un exhaustivo y pormenorizado relevamiento de todo el contenido del tópico; por el contrario, nos impulsa la idea de formular algunos aportes teniendo en cuenta el avance que, en otras disciplinas jurídicas y sociales, hubo tenido el concepto de “familia”. Trataremos, igualmente, de explicitar algunas particularidades que, en nuestro criterio, resultan relevantes en el examen de la “carga” de la prueba.

II – El concepto de “cargas de familia”.

La ley de contrato de trabajo refiere al concepto de “cargas de familia” en diversos artículos, verbigracia, 116; 208; 221; 247. Aunque encuadrado en contenidos normativos distintos, toda vez que aquellos enunciados del régimen legal de contrato de trabajo refieren a regulaciones jurídicas disímiles, la falta de reglamentación de la ley 20744 nos impidió conocer la interpretación auténtica y, consecuencialmente, el alcance que el legislador quiso darle a aquella conceptualización.

                                 En rigor, la doctrina nacional tampoco definió en forma explícita qué debemos entender por “cargas de familia”, al menos en una aproximación que derive de su inserción en la norma legal. Por el contrario, las aportaciones teóricas y de la jurisprudencia refieren a las consecuencias examinativas del supuesto particular en que el opus o hecho que genera el conflicto en  confrontación con cada uno de los artículos del régimen de contrato de trabajo en que aquel concepto está incluido.

                                 Con todo, hace ya casi un cuarto de siglo que Rodolfo Capón Filas se refirió al tema afirmando que, en general, debemos entender por “cargas de familia a los familiares del trabajador de los cuales es responsable” (cf. Capón Filas – Giorlandini – Diccionario de Derecho Social – Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1987 – pág. 72) haciendo una expresa referencia a las personas que dependen económicamente del trabajador y su salario. En la misma línea se ubica José Daniel Machado al afirmar que “…la familia constituye un objeto mediato de la tutela proporcionada por el Derecho del Trabajo, en atención a que el ingreso obtenido por el trabajador soporta (o por lo menos coadyuva) la manutención del grupo. Esta noción económica de “estar a cargo” en el sentido de depender total o parcialmente de la remuneración del trabajador está en la base misma de la institución..”  (cf.Machado, José Daniel – El doscientos ocho (Efectos de la suspensión temporaria debida a incapacidad inculpable del trabajador) Revista de Derecho Laboral – 2003 – 1; Rubinzal Culzoni Editores, 2003, págs. 370 y siguientes).

                                 Claro está que, ante el silencio del legislador de 1974, se intentó diseñar un contorno para la aplicación de las normas sustantivas que refieren a las cargas de familia. En esta línea se visualiza una doble vía examinativa:  el primer cartabón refiere a la de la analogía con otras leyes vinculadas a la seguridad social; al derecho previsional y, en fin, al derecho civil. Otro examen puede formularse desde la perspectiva de la dependencia de las personas que se encuentran a cargo del trabajador.

                                 Dentro de aquellos límites, la doctrina nacional ha establecido cinco variantes interpretativas: a) los que entienden que “carga de familia” debe asimilarse al contenido normativo de la legislación previsional; b) los que consideran que aquel contenido es demasiado estrecho y deben aplicarse las previsiones del Código Civil en orden a los que están obligados a suministrar alimentos; c) los que consideran de aplicación la normativa la ley que regula las asignaciones familiares y el orden de prelación allí establecido; d) los que promueven la aplicación lineal del contenido de los regímenes de obras sociales y, por último, e) los que impulsan un criterio amplio de interpretación fundado en la denominada familia concreta del trabajador y que refiere, con independencia del parentesco, a aquellas personas que viven bajo el mismo techo y que “dependen” y “esperan” el salario del trabajador para su subsistencia.

                                 La jurisprudencia, en este mismo esquema, fue dando soluciones en la medida del caso concreto que le hubo tocado decidir, sin que – hasta el momento – exista un quietus interpretativo sobre el tema.

III – Los nuevos conceptos de “familia”.

                                 Resulta de toda evidencia que el paradigma clásico de “familia”, que debió haber tenido en miras del legislador de 1974  para calificar el salario mínimo (arg.art. 116 LCT) o para extender los plazos de la licencia paga por una enfermedad inculpable (arg.art. 208) o en los supuestos de suspensión por fuerza mayor (arg.art. 221, tercer párrafo, LCT) o extinción objetiva del contrato de trabajo (arg.art. 247, tercer párrafo) no es el mismo que el actual, ya entrados largamente en el tercer milenio. Es que aquel contenido primario de la familia “tipo” (padre-madre-dos hijos) hoy ha sufrido una evidente mutación sociológica y jurídica consecuencia de los disímiles cambios operados en el contexto de la sociedad.

                                 En efecto, parecería que logran abrirse camino – en orden a catalogar a las cargas de familia – aquellas circunstancias hermenéuticas que refieren, con independencia del parentesco consanguíneo o legal, al concepto amplio de familia, es decir, las personas que viven bajo el mismo techo con el trabajador y que, como afirmamos, “dependen” o “esperan” del aporte económico del pater o que este coadyuve a la subsistencia cotidiana.

Con todo, debemos aportar mínimamente – y sin que ello pretenda agotar el contenido examinativo que depende, incluso, de otras ramas del derecho – un catálogo de situaciones que refieren al concepto de familia y que tendrán directa relación con el tema en examen.

                                 Así, ya se habla de: a) familias monoparentales, donde los hijos  cohabitan o viven con uno solo de los progenitores por muerte; abandono o separación de los padres. En este grupo se incluyen las situaciones de madres solteras o adolescentes (en este tema, debemos recordar el dictado de la ley 26.390 – B.O. 25.06.08 – sobre prohibición del trabajo de menores de 16 años); b) familias binucleares, en que los padres viven en hogares diferentes, pero poseen prole en común, además de otros miembros consanguíneos o legales que puedan cohabitar con cada uno de ellos; c) familias ensambladas: aquellas personas que conviven en pareja o matrimonio legal – luego del divorcio de alguno de ellos o no teniendo previamente impedimento de ligamen – con hijos de otras uniones o matrimonios y, además, los hijos que puedan tener en común. En este grupo deben incluirse las uniones de hecho heterosexuales; d) y, a partir de la reciente modificación del Código Civil y de la ley de matrimonio civil, los casamientos entre personas del mismo sexo, circunstancia jurídica que genera una nueva perspectiva hermenéutica desde la óptica del derecho del trabajo.

                                 Como puede observarse, la perspectiva del concepto cargas de familia en línea con el contenido normativo de los artículos 116; 208; 221 y 247 del régimen de contrato de trabajo no resulta de pacífica interpretación.

IV – La carga de la prueba acerca de las carga de familia.

                                 Sin embargo, con ser ciertos aquellos aspectos teóricos no lo es menos que – en nuestro criterio – la principal problemática del tema en examen lo constituye la carga de la prueba, esto es, la forma, modo o momento en que aquellas circunstancias relativas a las cargas de familia deben explicitarse, sea en el transcurso del contrato de trabajo o en el iter del proceso judicial que se pudo haber desencadenado como consecuencia del incumplimiento o aplicación de los artículos mencionados.

                                 En efecto, no resulta ocioso recordar que desde el nacimiento mismo de la disciplina procesal laboral como formulación autónoma, y aun apartándose de las reglas del dispositivismo procesal civil, los autores expresaron de forma particularmente coincidente que en el contexto del procedimiento laboral no se alteraban las reglas del onus probandi (cf. Somare, José Isidro – La carga de la prueba en el proceso laboral – Legislación del Trabajo (L.T.) Tomo XXI, págs. 97 y sigs.; Demichelis, Héctor B- - La carga de la prueba en el proceso laboral – Trabajo y Seguridad Social (T y SS) 1990-583; Babio, Alejandro – La prueba y su carga en el proceso laboral – DT 1990 B, entro otros autores). Las únicas excepciones a este principio general las constituyen las presunciones que – consecuencia del principio de igualdad por compensación - (cf. Vitantonio, Nicolás J.R. – Los principios del procedimiento laboral en la obra colectiva Código Procesal Laboral de Santa Fe Comentada – Director Vitantonio – Coordinadora Eguren – Nova Tesis, Rosario, 1ª reimpresión, Tomo I, págs. 46 y sigts.) regulan de forma explícita las normas sustantivas o adjetivas, verbigracia, las contenidas en la ley de contrato de trabajo, los estatutos profesionales, o los códigos de procedimiento.

                                 A partir de aquellos conceptos, entonces, deberá verificarse en cada caso en particular a quién corresponde la carga de la prueba pues los artículos 208, 221 y 247 del régimen de contrato de trabajo regulan situaciones distintas. Claro está que la carga preliminar siempre corresponderá al empleador que, al cumplimentar el alta temprana del trabajador en los organismos oficiales y en los de la seguridad social, deberá entregar al trabajador los formularios para que detalle su situación y, especialmente, cuáles son las “cargas de familia” o personas a su cargo.

                                 Ante el conflicto judicial, y ya en la esfera procesal, si el trabajador cuestiona la decisión del empleador, tomada en el espectro normativo de los artículos 208, 221 o 247, especialmente la referida a una decisión que se relacione con otras cargas de familia distintas que dice poseer, deberá correr con las pruebas necesarias para su demostración.

                                 El magistrado, en definitiva, valorará los elementos probatorios arrimados por cualquiera de las parte en conflicto en confrontación con los centros de imputación normativa de los artículos citados y resolverá en consecuencia.