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NOVIEMBRE DE 2010 - AÑO III - Nº 10

Reflexiones acerca de la Extensión de Responsabilidad en Materia Laboral: Solidaridad de Gerentes, Directores y Socios

Dr. Salvador Aiello

         I – INTRODUCCIÓN

            El tema que nos convoca  resulta de particular relevancia en el Derecho del Trabajo.  Los intereses contrapuestos exhiben, por un lado, al trabajador en un intento, probablemente el último y desesperado, por  obtener la percepción de su crédito alimentario; en tanto el reclamado trata de mantener incólume su patrimonio personal,  en la creencia de que sus funciones gerenciales, o bien la pertenencia a una empresa como socio o director, cuando nos hallamos ante un tipo societario que limita la responsabilidad de sus integrantes al capital comprometido a aportado, no posibilita esa extensión de responsabilidad.

            Generalmente aparece el fraude laboral, caracterizado como maniobras o conjunto de actos de aparente legalidad que, sin embargo, al profundizarse el examen, lucen destinados a eludir el orden público que impregna nuestra materia, o por lo menos, dado que la intencionalidad  es un dato subjetivo de difícil o imposible demostración, produciendo objetivamente ese resultado. 

            Es un marco de confrontación no circunscripto ni dirimible exclusivamente dentro de nuestra rama. Como en pocas cuestiones, queda involucrado todo el ordenamiento jurídico.

            Desde nuestra Carta Magna aparecen directrices insoslayables.  Facultades y garantías que las partes esgrimen en respaldo de sus respectivos derechos como defensas infranqueables para la otra. El derecho a un salario justo, la protección contra el despido arbitrario por un lado; el derecho a constituir sociedades, a ejercer comercio e industria  libremente, por el otro.

            La pugna aparente entre los preceptos constitucionales –que entiendo no existe en realidad- cede al momento de considerar otro aspecto: No se discute que la extensión de responsabilidad, o por lo menos la pretensión de extensión, debe quedar enmarcada dentro de un proceso judicial regular, con pleno ejercicio por las partes del derecho de defensa en juicio.  En ese sentido, desde ya manifiesto que el marco ritual, para asegurar lo dicho precedentemente, debe ser aquel que permita la mayor amplitud de plazos y formas probatorias.  Los intereses comprometidos así lo justifican.

II -   LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD - UN POCO DE HISTORIA

            Conocer los orígenes de ciertos institutos y regulaciones jurídicas nos auxilia para arribar a conclusiones en el análisis que ofrezcan menor margen de inexactitud.

            La unión de personas y capitales para acometer empresas, que el esfuerzo individual no podía concretar, se dio con antelación a la limitación de la responsabilidad de sus integrantes.  Incluso el reconocimiento de personalidad jurídica diferenciada con la de sus miembros tiene existencia previa.

            La limitación de responsabilidad patrimonial de los socios vino de la mano del cumplimiento de determinados recaudos que, como veremos, no eran menores:

  1. Se trataba de empresas (“Acción ardua que se comienza resueltamente1) que el Estado (o si se prefiere la estructura gubernamental) no estaba en condiciones de realizar; no podía llevarlas a cabo, por carecer de capital, maquinarias, o elementos materiales y hasta humanos para hacerlo.
  2. Sin embargo, existía un fuerte interés socio-económico –y muchas veces político- en que el emprendimiento se efectuara.
  3.  El Estado controlaba  la formación, objeto, integración de capital  y funcionamiento de la sociedad.
  4. Como habitualmente se trataba de empresas de riesgo (navieras, mineras, construcción de vías férreas, puentes, represas, empresas de exploración para obtención de petróleo, minerales valiosos, etc.), había una fuerte inversión societaria que se exponía a los avatares de la actividad específica.             

 

      Como se puede apreciar, parecía razonable, y así fue recepcionado normativamente, que quienes unían esfuerzos e importantes capitales para realizar emprendimientos en los que existía un marcado interés social, económico y político del Estado –que éste además no podía desarrollar en forma directa-, si fracasaban en el intento perdiesen lo que habían invertido y además encontrasen comprometidos sus bienes personales. 

III – LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD COMO PRIVILEGIO

            Así, cuestiones de interés general, pues el crecimiento industrial y del tráfico comercial beneficiaban a la comunidad en su conjunto, motivaron la limitación de la responsabilidad de los empresarios o simples inversores asociados.

            Apareció lo que Dobson identifica como el “privilegio” de la limitación de la responsabilidad: “la concesión de la responsabilidad limitada se otorga en forma de verdadero privilegio personal para una persona o grupo de individuos.  Se concede una ventaja que se niega al resto de al población, a saber; el derecho de responder frente a las deudas con sólo un sector del patrimonio, mientras que los demás deben responder por las deudas derivadas de su actividad con todos sus bienes
La razón de ser de esta ventaja está en el interés del Estado en que se desarrollen ciertas actividades”. 2

            Y en el mismo sentido Moeremans: “La extensión de responsabilidad a los socios de responsabilidad limitada, por obligaciones contraídas formalmente por la sociedad, no implica ni el desconocimiento in totum o parcialmente de la sociedad (persona jurídica), ni la fijación de los límites normativos de ella (o de su capacidad), sino simplemente la no aplicación en un caso concreto del privilegio de la responsabilidad limitada. Como tal privilegio no es un elemento esencial de las personas jurídicas, su no aplicación no tiene relación con aquellas3.

Esa noción de privilegio que, como tal, no se extiende a la todos los comerciantes e industriales, resulta fundamental al examinar el tema de la extensión de responsabilidad en la actualidad. 

La responsabilidad limitada, entonces, no es una realidad prenormativa, surgida como derecho natural e incuestionable de los miembros de sociedades tipificadas como de capital.  Existió un fuerte interés social que le dio nacimiento; pero si ese interés general desaparece, se debilita paralelamente el argumento que sostiene tajantemente la diferenciación de personalidades y patrimonios entre la sociedad y sus integrantes, habilitando las acciones dirigidas a los reales intereses cobijados bajo el manto societario, cuando, a la vez, no se han cumplimentado las exigencias legales previstas para el mantenimiento de la aludida separación.

No podemos olvidar que la sociedad, en cuanto persona reconocida por el ordenamiento normativo, “no es, desde el punto de vista valorativo, sino un medio jurídico cultural que el derecho posibilita a los efectos de la mejor organización de los fines humanos que reputa lícitos4.

Por eso se ha dicho que la personalidad jurídica, y la diferenciación de patrimonios entre el ente societario y sus miembros, “no es un atributo sustancial o una realidad prenormativa en las personas jurídicas, sino una función que permite realizar intereses humanos que la ley reconoce, diferenciando esa personalidad de la de cada uno de sus miembros; pero tal diferenciación habrá de mantenerse en tanto no exceda del marco de la normativa creada en atención a sus fines, o sea extraña a ellos.  Por consiguiente, resulta ineficaz la forma societaria que procura satisfacer fines e intereses que exceden de los que la disciplina normativa reconoce como legítimos5

Lo que llevó en su momento a nuestra Corte Suprema de Justicia a sostener que “El régimen de la personalidad jurídica no puede utilizarse en contra de los superiores intereses de la sociedad ni de los derechos de los terceros.  El uso meramente instrumental de las formas societarias cede ante la consideración de la realidad económica y la supremacía del derecho objetivo6.

IV – LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD HOY

            Habiendo destacado algunos de los elementos tenidos en cuenta para limitar la responsabilidad  de los miembros de las denominadas sociedades de capital, resulta imperioso evaluar si en la actualidad se dan las notas apuntadas que, como dijéramos, justificaron la concesión del privilegio del acotamiento de la responsabilidad patrimonial de los socios.

            Como en muchos órdenes de la vida, las generalizaciones no son aconsejables, por eso cabe advertir que se trata de una percepción personal, vivenciada en muchos años de ejercicio profesional que, sin embargo, no parece apartarse de lo que doctrina y jurisprudencia han ido reflejando.

            Una primera mirada nos muestra que prácticamente han desaparecido aquellas notas tipificantes, o,  por los menos,  se han desdibujado.

            El fuerte interés socio-económico- político es hoy relativo. Resulta extraordinaria la aparición de una sociedad destinada a explotar un rubro o actividad que constituya un emprendimiento novedoso; menos aún se observa que el capital invertido sea de entidad y en obras que lo pongan realmente en riesgo.  Por supuesto, casi no existe la empresa que acomete el capital privado por imposibilidad manifiesta del Estado para hacerlo.

            Para evitar equívocos, no es que no existan empresas y sociedades que asuman riesgos y emprendimientos de trascendencia, con patrimonio social de envergadura y socios cuya responsabilidad razonablemente debe quedar restringida al fuerte capital aportado a la sociedad.  Señalo simplemente que no son ésas las sociedades en las que ordinariamente  resultan demandados a título personal sus gerentes, directores o socios.  Cuando el trabajador reclama la extensión de responsabilidad, sea en el inicio o bien durante el desarrollo del proceso, generalmente nos encontramos con otro tipo de sociedades: Aquellas que no cuentan con respaldo para afrontar el crédito laboral pretendido por el  demandante.

En efecto, aunque técnicamente la responsabilidad por no haber actuado como un “buen hombre de negocios” (art. 59 LSC) o por la utilización como mera pantalla del ente societario encubriendo intereses personales (art. 54 LSC) puede darse en sociedades de mucha solvencia, la práctica cotidiana indica que allí no se produce la gran controversia.  No debemos olvidar que, por tratarse de una responsabilidad solidaria, la cancelación de la deuda por la sociedad impedirá todo perjuicio para el gerente, director o socio (principio de unidad de prestación de las obligaciones solidarias).  Pagada la deuda, el acreedor laboral no puede seguir la acción contra los mismos. Tampoco quedará un “antecedente penal” ni figurará el socio en un ningún registro oficial que afecte su buen nombre y honor.

El fenómeno frecuentemente se verifica en sociedades de familia, o cuasi familiares, con capital social mínimo, generalmente insuficiente y desproporcionado con el objeto social denunciado al constituirse la sociedad.  Esas dos características suelen unirse a  una actividad nada novedosa para el mercado (distribuidoras de bebidas o comestibles, comercialización de artículos de computación, heladerías, casa de comidas rápidas; en fin, las más variadas actividades comerciales e industriales que en modo alguno representan empresas de riesgo, ni en cuya expansión y desarrollo estén verdaderamente interesados el Estado y la comunidad).  Significan eslabones que ayudan al tráfico comercial o industrial, pero que no hacen más que competir con infinidad de emprendimientos similares.

            Si a lo dicho agregamos que el Estado, probablemente por las mismas razones, se ha retirado de un estricto control de origen y funcionamiento de las sociedades, limitándose al resguardo de algunos pocos aspectos formales y de un mínimo de capital, entenderemos por qué el actual cuadro de situación no está emparentado con lo que acontecía en el nacimiento de la limitación de la responsabilidad.    La infracapitalización, debemos ser claros en esto, es el primer indicio de una sociedad que pretende dar cobertura formal a intereses meramente privados.

V – BASES NORMATIVAS DE LA EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Como afirmáramos en el inicio, confluyen disposiciones de diversas ramas y niveles de la pirámide jurídica para examinar la viabilidad o no de la extensión de responsabilidad.  Entendemos, por lo demás, que presiden la aplicación de esas normas la buena fe y la razonabilidad, sin perjuicio del principio de primacía de la realidad, que si en general es relevante en el derecho del trabajo, más lo es en este tema.

5.1.- CONSTITUCIÓN NACIONAL

La aparente colisión de normas constitucionales, en tanto por un lado se tutela intensamente al trabajador y sus derechos patrimoniales, mientras por otro se aspira al desarrollo comercial e industrial, y a la posibilidad de constituir para ello sociedades, no es tal.

            La fuerte protección que la CN brinda al trabajador en muchos de sus artículos, y particularmente en el art. 14 bis, no consiente que éstos sean utilizados para conculcar los de otros sujetos y menos aún los colectivos de la sociedad; del mismo modo, el crecimiento societario, comercial e industrial propiciado por la Carta Magna no es ajeno a los derechos y garantías que otorga a los demás sectores sociales y al conjunto de la población.  No se trata de un desarrollo anárquico, que pueda concebirse en confrontación con otras potestades e intereses amparados por la misma.

            Así, el art. 14, además de puntualizar que los derechos que protege deberán ejercerse “conforme a las leyes que (los) reglamenten”,  resalta que los habitantes de la Nación podrán “ejercer toda industria lícita”; “navegar y comerciar” (siempre sujetos a las leyes que reglamenten esas actividades); “asociarse con fines útiles”; vale decir que, inexorablemente, exige un marco diáfano de licitud en el desenvolvimiento de las mismas.

            Por eso no puede sostenerse dogmáticamente, para justificar ilicitudes de socios, administradores o controlantes de sociedades comerciales,  que la “limitación de responsabilidad es una herramienta que el ordenamiento jurídico provee al tráfico comercial como verdadero motor de la economía”.  Esa mentada “herramienta” no es un mecanismo avalorativo, no es una carta de indemnidad; forzosamente debe ser legítima, y cuando se aparta del marco normativo –por dolo o por culpa- el propio ordenamiento jurídico corrige el comportamiento desviado.

5.2.- CÓDIGO CIVIL

SOLIDARIDAD: Sostienen Cazeaux y Trigo Represas que “obligación solidaria es aquella obligación de sujeto plural, en la cual, por voluntad de las partes o de la ley, y con prescindencia de la naturaleza divisible o indivisible de su objeto, cualquiera de los acreedores puede exigir, y a cualquiera de los deudores puede serle exigido, el cumplimiento de la prestación7.

                                Son características de las obligaciones solidarias:
a) Unidad de prestación: El cumplimiento de la prestación, si bien puede ser exigido a cualquiera de los deudores, sólo puede serlo una vez. Satisfecha esa prestación por cualquiera de los deudores, la obligación se extingue para todos los sujetos unidos por aquélla.                                                  b) Fuente única: En las obligaciones solidarias el título o fuente debe ser el mismo para todos los sujetos de la obligación.
c) Carácter expreso: De acuerdo con el art. 701 del C.C., es menester que la solidaridad pasiva sea consagrada expresamente, siendo sus fuentes la voluntad de las partes y la ley, más allá de la enumeración del propio código.

                                 En nuestro caso examinaremos la solidaridad impuesta legalmente, vale decir aquella establecida porque el legislador ha querido proteger con mayor energía la posición del acreedor.
Inicialmente comprobamos como, en los daños emergentes de delitos, la obligación pesa solidariamente sobre todos los que han participado en él como autores, consejeros o cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea penado por el derecho criminal (art. 1081 CC).

                                  Después de la reforma (Ley 17.711) tampoco se discute la solidaridad proveniente de los cuasi delitos. En efecto, no sólo por la derogación del art. 1108 CC, sino por la expresa disposición del art. 1109, que involucra a “Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro”, consignándose en el segundo párrafo la solidaridad en la reparación del daño derivado de tales hechos.

                                   Esta mención resulta de mucha importancia para la cuestión bajo examen, pues algunas voces –aunque aisladas- argumentan que la solidaridad sólo puede derivar de actos dolosos, exigiendo una intencionalidad en la producción del daño al dependiente que, además de sujetarnos a un elemento de difícil –por no decir imposible- demostración, se aparta de los requisitos legales vigentes tanto en materia civil como comercial y laboral.

                                    En ese sentido, vale el cotejo con el art. 59 de la LSC, con la exigencia objetiva de una conducta ajustada a la pauta del buen hombre de negocios –buen empleador en nuestra disciplina- lo que se juzga por la exteriorización de la conducta y no por su motivación.

ARTÍCULO. 512: Estrechamente vinculado con lo señalado precedentemente, el artículo 512 del Código Civil es concluyente cuando expresa que “la culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar”.

                            Como veremos al examinar casos concretos de extensión de responsabilidad, uno de los factores de atribución de responsabilidad solidaria de mayor peso está dado por esa “omisión de diligencias exigidas por la naturaleza de la obligación” (omitir la declaración de pasivos en actos de disolución de sociedades, omisión de registración del contrato de trabajo, omisión de previsiones para afrontar eventuales indemnizaciones laborales, omisión de trámites administrativos previos al despido del personal, omisión de recaudos formales esenciales -Libros de Actas societarios-, etc).

                            “El derecho común es el que en todo caso obliga a las personas a conducirse con el cuidado y con la prudencia necesarios para evitar producir perjuicios a otros: Así, habrá siempre responsabilidad cuando se vulnere culposamente, por  omisión o abstención, el derecho ajeno, aunque no haya una ley o norma jurídica que imponga la obligación de realizar un acto determinado.  Si bien generalmente se alude a los actos jurídicos como actos positivos del agente (actos de obrar), el no obrar constituye también un hecho por igual que el otro, pues tanto el acto positivo como el negativo pueden perfectamente ser suficientes para herir el derecho ajeno8.

ARTÍCULO 902: En consonancia con la regla sentada en el art. 502, y particularmente con el art. 59 de la Ley de Sociedades Comerciales, establece el art. 902 del CC que “cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”.

                               En esa orientación, el cuidado de los manejos de la economía hogareña impone una responsabilidad, pero sus secuelas, por negativas que resulten, tienen un marco acotado.  Concebida la conducción de sociedad como una función semipública, las exigencias de ajustar la administración y representación de la misma al standard jurídico del buen hombre de negocios resulta mucho mayor.

                               “La idea de interés público, que es la base de la doctrina de Ratheneu y otros autores alemanes y que debe ser corolario de la concepción institucional, penetra en estos órganos legales, y los administradores actúan tanto en interés de los terceros como de los accionistas y lo que para la doctrina clásica era un mandato contractual, la doctrina moderna lo considera como una especie de función social bajo vigilancia del Estado9.

Los administradores ya no son únicamente responsables ante los accionistas sino ante los terceros y el interés público, e incluso se ha observado una cierta debilitación de la responsabilidad de los administradores frente a la comunidad en general” como “reflejo institucional de la teoría del órgano10.

ARTÍCULOS 1071 y 1198: La consagración expresa del principio de buena fe en la celebración, interpretación y ejecución de los contratos, así como la rotunda condena al denominado “abuso de derecho”, constituyeron pilares esenciales de la reforma del Código Civil (Ley 17.711).

            “…La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres” (art. 1071 CC).

            “Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión” (art. 1198 CC).

            Los preceptos jurídicos enunciados tienen estrecha vinculación principios fundantes del derecho laboral y confluyen para combatir del fraude laboral.

            Como enseña Halperín, “La sociedad resulta no sólo una regulación del derecho constitucional de asociarse con fines útiles y una forma de ejercer libremente actividad económica, sino que constituye una realidad jurídica…que la ley reconoce como medio técnico para que todo grupo de individuos pueda realizar el fin lícito que se propone
El derecho aplica este remedio técnico mientras se mantenga dentro de los fines lícitos perseguidos y previstos por la ley.  Cuando se aparta, la ley y el juez deben prescindir de tal personalidad, porque no puede emplearse con fines ilícitos, de engaño o de fraude
Para dar fundamento a soluciones judiciales que aparten la personalidad, es suficiente aplicar la noción esencial enunciada cuando la personalidad lleva a consagrar el fraude a la ley, o la obtención de ventajas ilegítimas, a perjudicar a terceros; es decir, la transforma en medio de actuación ilícita  (en sentido amplio, para el cual el incumplimiento de un contrato es ilícito civil)11.

            “La personalidad de las sociedades, usada con fines que exceden los límites impuestos por la moral y el ejercicio regular de los derechos, no puede servir de escudo o telón para cubrir una conducta contraria a la buena fe y la lealtad procesal12.

            “Los jueces se hallan facultados para investigar lo que se oculta tras la personalidad jurídica cuando sus miembros abusan de ella, procurando finalidades no queridas al reconocérsela; en tal caso se descorre el velo (to lift the veil) de la persona ideal y se penetra  (to pierce) en su real esencia para establecer la identidad entre ella y las personas físicas que la integran, con todas las consecuencias que ello trae aparejado13.

5.3.- LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES

            Los arts. 1º y 2º puntualizan no sólo el deber de la sociedad comercial de sujetarse a los alcances de dicha ley, sino que resaltan que la producción y el intercambio de bienes y servicios permitirán participar en los beneficios de la actividad, pero igualmente obligará a los socios a “soportar las pérdidas”.  Cuando la responsabilidad se encuentra limitada por el tipo societario adoptado, esa garantía de hermeticidad se mantiene en la medida en que se cumplan los recaudos de legalidad que esa norma y el resto del ordenamiento jurídico imponen.

            Aunque conectadas armoniosamente con todo el ordenamiento normativo a través de los principios generales del derecho, plasmados en la Constitución y las leyes derivadas de la misma,  merecen especial atención los artículos que seguidamente enunciaremos.

ARTÍCULO 59: “Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios.  Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión”.

            Ante la imposibilidad que tienen las sociedades de desenvolverse como si fueren personas humanas, ha sido necesaria la creación de órganos, dotados de facultades y deberes por el legislador, a través de los cuales se manifiesta la voluntad social.

            De ordinario, el gobierno de la sociedad recae en la asamblea o reunión general de socios, que traza las directrices que orientan el accionar de la sociedad, controlando igualmente la marcha de los negocios, gestión que aprueba o cuestiona según el éxito o fracaso obtenidos.

            Pero la dinámica social se concreta mediante las funciones de administración y representación.

            Administrar importa “realizar actos que, además de conservar el patrimonio social, tiendan a hacerle producir los beneficios que pueden suministrar, dando a los bienes que integran el patrimonio de la sociedad el destino que les corresponde de acuerdo con su naturaleza y a la función que desempeñan dentro de dicho patrimonio14.

            Cuando hablamos de representación, aludimos “las relaciones con los terceros, por efecto de las cuales la sociedad adquiere derechos, asume obligaciones y comparece en juicio como actora o demandada15.

            Los órganos expresan la voluntad societaria.  Pero se trata de una representación particular: “Los órganos de una persona jurídica no son los exponentes de un interés ajeno, sino del propio del ente al que pertenecen
Mientras que la representación exige dos personas, dos esferas jurídicas independientes, el órgano carece de una individualidad jurídica propia: Sus actos son de la persona jurídica y se refieren a ella como propios16.

            “La teoría del órgano tiene aquí su aplicación plena. Las concepciones formalistas van siendo abandonadas en el derecho societario, tratando  de paliar su rigidez, procurando aplicar verdaderos principios de equidad y justicia en la ejecución de la regulación prevista por el legislador.  Como consecuencia de ello: 1) Quienes cumplan la función del órgano, están legitimados para actuar por la sociedad.  2) Las circunstancias internas de la sociedad, que hacen depender sus actos de su propia resolución, no son oponibles a terceros de buena fe.  3) Quien contrate con la sociedad, tiene derecho a presumir que se han cumplimentado todas las regulaciones necesarias para la validez del acto17.

            Nissen sostiene que al exigir diligencia, “el legislador ha pretendido idoneidad, eficiencia en el manejo de sus funciones, especificidad en la competencia para los negocios objeto de la sociedad”, puesto que “la ley no olvida que la función administrativa supone ciertamente la aceptación de contínuos desafíos y riesgos … que el comerciante o empresario no puede eludir18.

            El art. 59 LSC, al ordenar que la actuación de los administradores y representantes de la sociedad se conforme a la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios, ha establecido una pauta de profesionalidad.  Aunque el accionar no se puede medir sólo con criterios eficientistas, tampoco puede obviarse que, en cualquier orden de la vida, el esfuerzo, la preocupación, la capacidad de trabajo y el conocimiento de las labores emprendidas suelen acarrear un resultado absolutamente diverso para la persona que así actúa, que el que obtiene quien se conduce con indolencia y desidia.

El impróvido no puede tener cobijo legal para desempeñar tareas de tanta relevancia para socios, empleados y la comunidad en su conjunto.

La ley de sociedades brasileña contiene una fórmula parecida, en la que probablemente concreta más el contenido del “buen hombre de negocios” al decir que consiste en  “obrar con el cuidado y diligencia que todo hombre activo y probo acostumbra a emplear en la administración de sus propios negocios”.

En uno y otro caso se establece un marco referencial muy claro, poniéndose de resalto en uno y otro supuesto que la consecuencia de la violación del dispositivo legal, sea por acción, sea por omisión, es la responsabilidad ilimitada y solidaria por los daños y perjuicios causados.

ARTÍCULO 54 (t.o. Ley 22.903)

            Inoponibilidad de la personalidad jurídica: Reza el último párrafo del art. 54 de la LSC  “La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados”, recepcionando legislativamente la teoría de la desestimación de la forma de las personas jurídicas –también denominada del corrimiento del velo societario- ante la presencia de lo que, en términos generales, podríamos definir como la utilización abusiva de la misma.

            Como afirmáramos anteriormente, para posibilitar el desarrollo socio-económico de las naciones, los gobiernos estimaron conveniente que eventuales fracasos en los objetivos propuestos no terminaran arrastrando en el infortunio a quienes habían generado la iniciativa, aportando normalmente considerable capital en el emprendimiento. 

            Recordemos, entonces, razones de interés general explican el nacimiento de la limitación de responsabilidad de los miembros de ciertas sociedades. Sin embargo, la actual generalización y enorme expansión de ese tipo de sociedades (anónimas o de responsabilidad limitada comúnmente) puede hacernos perder de vista algo esencial: La limitación de responsabilidad patrimonial al capital comprometido o aportado a la sociedad constituye la excepción, la regla indica que cada persona responde con todos sus bienes frente a las deudas que contrae.

            Mientras el art. 59 exige a los administradores y representantes del ente un obrar conforme al “buen hombre de negocios”,  juzgando su apartamiento con la atribución de responsabilidad ilimitada y solidaria, aquí la misma consecuencia –responsabilidad ilimitada y solidaria- emerge de la utilización abusiva de la forma societaria.

            En muchos casos las personas involucradas resultan las mismas y la aplicación de los dos artículos no es excluyente.  En otros el administrador podrá ser condenado sobre la base del art. 59 de la LSC y no por el tercer párrafo del art. 54 del mismo texto legal.  Pero esta norma, debemos admitir, sólo traduce algunos supuestos (persecución de fines extrasocietarios, utilización de la forma como mero recurso técnico para encubrir intereses puramente individuales, etc), en enumeración no cerrada, pues el abuso de la personalidad jurídica puede asumir innúmeras formas.

            Sin hesitación se ha declarado esa extensión de responsabilidad al socio de  una empresa de transporte público de pasajeros (SRL), donde se probó que cada miembro tenía su propia línea ó  recorrido, que la efectuaba con unidades automotores de su propiedad (no de la sociedad), que los empleados de la “SRL” dependían directamente de cada socio, según la concesión explotada por ellos, de quienes percibían sus haberes y además recibían las órdenes de trabajo. Si algún detalle restaba, quedó reconocido que  la sociedad carecía de capital, pues contablemente había sido “absorbido por la conversión monetaria”. (CA Laboral – Santa Fe – Sala II integrada- fallo del 15/06/2000, Expte. 63/97).

            Otro supuesto de extensión de responsabilidad por inoponibilidad de la forma societaria al haberse apartado del objeto social lo encontramos en fallo de la misma sala –con otra composición-, confirmatorio de primera instancia, donde se acreditó que una concesionaria automotor, que sólo estaba autorizada a realizar operaciones de otorgamiento de crédito para financiar ventas de automotores, destinó una suma cuantiosa ($ 1.500.000.- cuando existía la paridad peso/dólar) para “auxiliar” a otra sociedad anónima, compuesta por el mismo grupo familiar, que ya se encontraba fuertemente comprometida patrimonialmente.  Además, en el proceso falencial, no aparecieron elementos documentales respaldatorios de los préstamos y su verdadero destino. El presidente del directorio de dicha sociedad anónima mereció condena solidaria. (CA Laboral Santa Fe, Sala II, fallo del 26/07/2006, Expte. 219 – Año 2006).

            Como vemos, en uno y otro caso hubiese podido aplicarse también el art. 59 de la LSC. 

            Es que “cuando se abusa de la personería jurídica pretendiendo utilizarla para fines no queridos por la ley, es lícito rasgar o levantar el velo de la personería, para penetrar en la verdad que se esconde tras de él, y hacer prevalecer la justicia y las normas de orden público19 .

            El agregado al art. 54 de la LSC (t.o. Ley 22903) “recepta ahora expresamente esta teoría admitida antes por vía jurisprudencial”, resultando de dicha norma “que la personalidad de una sociedad es inoponible a terceros y cabe entonces imputar directamente a los socios o a los controlantes actos que si bien se ejecutan en nombre de la sociedad controlada, constituyen un uso abusivo de la figura de la personalidad…Respecto de los socios la ley no exige que sean controlantes de la sociedad para que surja su responsabilidad. Respecto de los no socios ha de tratarse de controlantes, es decir, tanto de personas físicas como jurídicas que de un modo u otro impongan su voluntad en las decisiones sociales y en la administración de la sociedad a través de la cual se lleven a cabo los hechos que según el art. 54 tornan inoponible la personalidad jurídica20.

OTRAS NORMAS SOCIETARIAS DE APLICACIÓN

            Debemos tener en cuenta que, sin ocupar el lugar central que se atribuye a los arts. 54 y 59 de la LSC, en muchos supuestos de extensión de responsabilidad a socios, administradores, directores, gerentes  y controlantes de sociedades, confluyen los arts. 19, 56, 75, 99, 157 y 274.

            Puntualizamos que el art. 18 contempla el caso de sociedades de objeto ilícito, considerándolas nulas de nulidad absoluta,  por lo que “los socios, los administradores y quienes actúen como tales en la gestión social responderán ilimitada y solidariamente por el pasivo social y los perjuicios causados”.

            El art. 19 regula la sociedad de objeto lícito pero que desarrolla actividad ilícita, estableciendo que se “procederá a su disolución y liquidación a pedido de parte o de oficio”.  El legislador dispuso que le sea aplicable el art. 18, excluyendo de los párrafos 3º y 4º de este artículo a los socios que acreditaran buena fe.

            El art. 56 señala que la sentencia pronunciada contra la sociedad hace cosa juzgada respecto de los socios en relación a su responsabilidad social, pudiendo ejecutarse contra los mismos, previa excusión de los bienes sociales y según el tipo de sociedad de que se trate.

Ello importa la innecesariedad de un nuevo pronunciamiento contra el socio de la sociedad, pero éste sólo responderá conforme su responsabilidad en atención al tipo adoptado, y siempre previa excusión de los bienes sociales. 

            El artículo 75 declara que  no se modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada anterior de los socios cuando se trate de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad a la adopción del nuevo tipo societario, salvo que los acreedores lo consientan expresamente.

            Así, sociedades de hecho o bien en formación que contrataron personal y luego se inscribieron como sociedades de responsabilidad limitada, arrastraron respecto de los trabajadores la inicial responsabilidad ilimitada y solidaria 

            El art. 99 de la LSC prevé la responsabilidad ilimitada y solidaria de los administradores –respecto de terceros y de los propios socios- que, con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la sociedad, o del acuerdo de disolución u otra causal de disolución, en vez de dedicarse a atender los asuntos urgentes y adoptar las medidas necesarias para iniciar la liquidación, realizaren operaciones ajenas a esos fines.

            Los art. 157  y  274  prevén la responsabilidad ilimitada y solidaria de los gerentes (SRL) y directores (SA)  por mal desempeño del cargo y en directa relación con el art. 59 de la LSC.  La exención de responsabilidad de éstos requiere manifestaciones de disconformidad respecto de las decisiones del directorio o de la gerencia plural que los comprometieran, de modo expreso, y con comunicación a sindicatura (sociedades anónimas), antes de ser imputado ante el propio Directorio, ante el síndico o autoridad competente.

5.4.- NORMAS LABORALES

            Aunque la normativa tuitiva involucra a todo el dispositivo laboral, en la medida que, impregnado por el principio de primacía de la realidad, bastará la demostración del rol de verdadero empleador para atribuir responsabilidad al gerente, administrador o director, teniendo suma importancia, a esos fines los arts. 5º, 7º y 11º de la LCT; pero indudablemente el art. 14 del RCT es el que ataca frontalmente al denominado “fraude laboral”.

            El dispositivo declara “nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio.  En tal caso, la relación quedará regida por esta ley”.

            “En caso de fraude por interposición de persona lo nulo es la interposición y la relación de trabajo se convierte en una relación (también de trabajo) válida pero con otra persona (o si se prefiere, también con otra persona), la que intentó evadir su responsabilidad laboral mediante interposición”
Eso…sin perjuicio de la responsabilidad del sujeto interpuesto, que se responsabiliza al contratar en nombre propio.  No conocemos ninguna norma ni principio que excluya la responsabilidad  (respecto del trabajador) de dos sujetos en razón de una misma relación de trabajo21.

            Siendo así, a la  responsabilidad de la sociedad formalmente empleadora se le suma la del ó los socios, gerentes, directores o controlantes del ente, como verdaderos empleadores del trabajador.

            Es que en nuestra disciplina “el principio de primacía de la realidad tiende a desenmascarar todas las actitudes que encubren una relación laboral bajo apariencias más disímiles  y en no pocos casos ingeniosas. El Juzgador debe investigar la verdadera relación existente entre las partes, más allá de su apariencia externa22.

Como enseña De Castro y Bravo, “no es necesario que la persona que realiza el acto en fraude tenga, ni menos demuestre, su intención de infringir la ley”, pues “el fin único de la doctrina del fraude es la defensa del cumplimiento de las leyes, no la represión del concierto o intención maliciosa, de que se encargan otras instituciones”. “¿Por qué se ha de defender la organización jurídica contra el ataque intencionado y no contra el ataque ignorante?23.

            VI – FRAUDE LABORAL - EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD – CASUÍSTICA

                    Es, en suma, el fraude laboral lo que se intenta combatir a través de la extensión de responsabilidad a socios, gerentes, directores y controlantes de sociedades.  La extensa normativa citada –no agotada, por cierto- pone de resalto que el ordenamiento jurídico no tolera las conductas abusivas, por más que aparezcan disfrazadas de aparente legalidad.

                     En ese contexto, el trabajo no registrado o “en negro” es sólo una de las variantes –de las más frecuentes, es verdad- que asume el comportamiento fraudulento.  No es menos cierto, por lo menos en la economía de nuestra región, que el trabajo no registrado, o deficientemente registrado, se comprueba principalmente en pequeñas o miniempresas con el argumento de la imposibilidad de afrontar las retribuciones legales –habitualmente el salario que pagan es inferior al previsto por el CCT de aplicación- y las contribuciones a los organismos de la seguridad social.

         El debate sobre la necesidad de una regulación diferenciada de las relaciones laborales entre las grandes, medianas y pequeñas empresas es una asignatura pendiente de nuestro Derecho del Trabajo.  Su inexistencia nos obliga a ser muy cuidadosos en el otorgamiento del pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio de las personas cuya responsabilidad queremos atraer.   No obstante conformar sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, el sustrato personal no se corresponde con el de la empresa socio-económicamente fuerte, modelo de empleador considerado por la LCT y demás disposiciones laborales.

          Algunos casos prácticos mostrarán diversas variantes del fraude laboral y cómo, para enfrentarlo, las normas expuestas anteriormente confluyeron para defender la vigencia de un orden jurídico.

6.1.- Trabajador debidamente registrado que se considera despedido por utilización abusiva del ius variandi por parte de una sociedad anónima administradora de un centro comercial.  Acogida su demanda por los rubros indemnizatorios, traba embargo sobre los ingresos de su ex empleadora, la que poco tiempo después deja de funcionar, frustrando la medida.
Esta sociedad anónima posee un “mandato de administración” conferido por la sociedad anónima propietaria del inmueble en la que funciona el complejo. Ese mandato de administración es revocado repentinamente y sin ninguna resistencia de la SA demandada, por venderse el inmueble.  Los miembros del directorio de una y otra sociedad eran prácticamente los mismos.
La adquirente del inmueble (tercera sociedad anónima), alquila el inmueble a otra sociedad anónima (cuarta SA), tomando esta última a su cargo al personal empleado por la administradora del complejo comercial (la empresa originariamente demandada, que carece de bienes). Destacamos  que el Presidente del Directorio de la nueva locataria del inmueble (que da continuidad a los contratos de trabajo con el personal ocupado en el establecimiento)  es, a la vez, el principal accionista de la sociedad anónima compradora del inmueble.
Promovida demanda de extensión de responsabilidad contra los presidentes de los directorios de las sociedades anónimas que inicialmente resultaban titulares de la administración del centro comercial y del dominio del inmueble (también contra esta sociedad anónima), contra la sociedad anónima compradora del complejo y  su locataria, el caso termina conciliándose en audiencia dispuesta a tales fines.  Como vemos, al art. 59 y conc. de la LSC  se sumaron los arts. 225, sgtes. y conc. de la LCT.

6.2.- Se llega a un acuerdo judicial –luego de demanda y contestación- con una SRL integrada sólo por dos socios, en uno de cuyos domicilios tenía su sede la sociedad, que explotaba un bar-pub bajo un nombre de fantasía.  El capital societario era mínimo.
Incumplido el convenio y al trabarse embargo en el bar-pub, aparece otra SRL integrada por personas diversas y sin aparente conexión con la anterior sociedad, pero que habría sido continuadora de la explotación, manteniendo el nombre de fantasía.
Se extiende la demanda a los socios de la SRL originariamente accionada y también a la nueva titular del establecimiento gastronómico.  Finalmente los socios demandados por extensión de responsabilidad pagan lo adeudado.

6.3.- Trabajadora registrada que se considera despedida por una SRL por falta de pago de haberes. La SRL cierra las puertas del establecimiento dedicado a al fabricación de dulces en Santa Fe, mientras en otra ciudad, con los mismos socios, idéntico objeto social y nombre parecido, continúa operando.  
La demanda se introduce contra la SRL y sus administradores y representantes, los que resultan condenados con sustento en el art. 59 LSC, por haber éstos “adoptado sus propios patrones legales” y no los previstos por el ordenamiento jurídico. Se prueba en la causa la obtención de un crédito bancario de relevancia, que no aparece en los registros contables, cuyos libros no fueron llevados al proceso.  Dos socios la integraban, unidos por parentesco.

6.4.- Empleada de una SRL distribuidora de bebidas. Al momento de contratar la empleada la SRL aún no estaba inscripta en el Registro Público de Comercio. La despiden y no le pagan las indemnizaciones legales.
La demanda se interpone contra la SRL y sus administradores y representantes (Los miembros de la SRL son cónyuges, el domicilio social es el particular del matrimonio, el capital ínfimo). Aparece un recibo “de pago” fraudulento, pues la fecha consignada en el mismo es anterior a la de un telegrama empresario que sigue poniendo las indemnizaciones a disposición de la trabajadora. Un testigo –ex encargado de personal de la SRL, propuesto por la propia dadora de empleo- declara que era normal exigir a los ingresantes que firmaran recibos en blanco para ser tomados, lo que resulta corroborado por otras dos causas judiciales contra la SRL traídas al proceso. 
El juez condena a los miembros de la SRL en forma solidaria por fraude laboral, como recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe y frustrar derechos de terceros (art. 54 LSC).  Arribando a la misma solución por imperio de los arts. 59 y 75 de la LSC.          

6.5.- Empleado de una bodega (explotada por una sociedad anónima) que en los últimos años de vinculación laboral presta servicios indistintamente para una fábrica de jugos (otra SA), siendo el presidente de una y otra sociedad la misma persona.  Ésta, a la vez, tiene un emprendimiento de fabricación de envases donde también hace trabajar al dependiente.
El  jefe de personal de las dos primeras sociedades es la misma persona, los domicilios de ambas explotaciones son utilizados indistintamente para la remisión y recepción de comunicaciones y citaciones administrativas. Más aún, la SA fabricante de jugos paga estudios médicos del empleado, quien formalmente figura como trabajador de la SA a cargo de la bodega.
El empleado se considera despedido por falta de pago de remuneraciones y demanda a las dos sociedades y al presidente de las mismas.
La condena es solidaria, haciendo referencia a los sujetos que realmente aparecen como partes de la relación y los que se benefician con la prestación laboral del trabajador, resaltando el principio de primacía de la realidad y el art. 14 del RCT.

6.6.- Empleada de local dedicado a la venta de productos de panadería-confitería (SRL) deficientemente registrada (figura por media jornada y en realidad supera holgadamente la máxima legal). Se considera despedida por falta de pago de haberes y de diferencias salariales. 
Acciona contra la SRL y sus dos únicos socios (gerentes a la vez), demostrándose además de los extensos horarios de trabajo la falta de depósito de los aportes a los organismos de la seguridad social y, por supuesto, la deuda salarial y por indemnizaciones derivadas del distracto.
Los gerentes de la SRL –que poco tiempo después deja de operar, no contando con bienes sociales- resultan condenados solidariamente con sustento en los arts. 59 y 54 de la LSC.

6.7.- Empleado de una estación de servicios (sociedad anónima) debidamente registrado, que hacía ya un año había sido designado delegado de personal. Al convocarse nuevamente a elecciones la empleadora –poseedora de dos establecimientos cercanos- dispone traslados de personal tendientes a perjudicar la reelección como delegado del dependiente, generando la protesta por escrito de éste. La SA lo despide y desconoce la calidad de delegado que ostentaba el trabajador. El dependiente ataca de nulidad la medida por incumplimiento de las previsiones de la ley 23551 y renueva el mandato por otros dos años, la empleadora sigue desconociendo la calidad de representante gremial, por lo que el empleado finalmente se considera despedido y reclama las indemnizaciones de las leyes 20.744 (t.o.) y 23.551, demandando solidariamente al presidente del directorio de la SA.
Se prueba en el juicio que la patronal estaba debidamente notificada de la primera elección como delegado del trabajador e incluso de diversas gestiones que en tal calidad realizara el dependiente. También aparecen comunicaciones empresarias que así lo reconocen. Se acredita el movimiento de personal previo a la segunda elección y hasta el despido de algunos adherentes al delegado accionante.  La SA omite presentar Libros de Actas de Directorio y documental societaria intimada.
En el juicio se acredita: 1) Que la SA estaba integrada por sólo dos miembros. 2) Que el presidente del directorio contaba con el 98 % del capital accionario.  3) Que su domicilio particular era el domicilio social.  4) Que en las deliberaciones sociales, en caso de empate, “el Presidente volvía a votar”.  5) Que todas las comunicaciones dirigidas al actor fueron emitidas por el presidente de la SA.  6) Que éste concurría diariamente a la empresa y era la única autoridad conocida de la firma.  7) Que había recibido la notificación de la primera designación como delegado del demandante.
El juez consideró, al condenar solidariamente al presidente de la SA, que éste era la autoridad absoluta dentro de la empresa y que su obrar no sólo había afectado y frustrado los derechos del trabajador sino los de los demás compañeros que lo habían designado para que los representara ante la empresa y el gremio (art. 54 LSC).           

6.8.- Dependiente de una SRL dedicada a la venta de carnes. Al cabo de tres años aproximadamente la SRL cambia de denominación –sigue siendo SRL con otro nombre- aunque el socio gerente es la misma persona. Después de un año el trabajador es cesanteado y sólo se le abona la indemnización por el último período laborado; omitiéndose además la cancelación de numerosas horas extraordinarias trabajadas.
El actor demanda solidariamente al socio gerente y a la última SRL.  Se prueba que el socio gerente tenía el mismo domicilio societario, poseía el 75 % de las cuotas sociales (su esposa el 25 % restante) y que incluso varios recibos de haberes directamente lo colocaban –en forma particular- como empleador (no la SRL). Se acreditan tanto la continuidad de la relación (en el mismo local y con la misma actividad) como las horas extraordinarias laboradas.
La condena se extendió en forma solidaria e ilimitada al socio gerente, con sustento en el arts. 14 de la LCT,  y en los artrs. 59 y 54 de la LSC.

6.9.- Empleado de una SRL dedicada a la realización de perforaciones para obtención de agua. Los primeros siete u ocho meses permaneció sin ser anotado, después le hicieron suscribir contratos de aprendizaje.  Laboraba más de diez horas diarias, con una cantidad de horas extraordinarias mensuales que superaba las sesenta, la empleadora no abonaba las horas extraordinarias.
Repentinamente le dejan de proporcionar ocupación efectiva, esgrimiendo la SRL que había  culminado el  segundo contrato de aprendizaje, por lo que prescindía de sus servicios.
El actor demanda a la SRL y al socio gerente de la misma.
El fallo de Cámara condenó a la sociedad y al socio gerente con respaldo en los arts. 59, 157 y 274 de la LSC, hablando concretamente de “indiligencia calificada” por no haber actuado como un buen hombre de negocios, y refiriendo igualmente al art. 902 del Código Civil. Concluyendo “Aquí lo condenable fue la mantención de la relación en negro por el primer período, su contratación precarizada después y el intento de frustrar los derechos indemnizatorios del trabajador al finalizar el vínculo”, poniendo de resalto también el perjuicio ocasionado a los organismos de la seguridad social.

6.10.- Empleada jerarquizada de una empresa de remises (SRL), quien actuaba en un cargo semigerencial, como encargada de personal y administrativa. No obstante cumplir alrededor de sesenta horas semanales de trabajo, figuraba en los recaudos laborales por media jornada y como “Administrativa A”.  En la práctica cobraba más en negro que lo que aparecía en los recibos de haberes.
Efectuado el reclamo de correcta registración del contrato y pago de dos meses de sueldos atrasados, la empleadora negó el cargo desempeñado, los horarios de trabajo, la verdadera remuneración que le abonaba y adeudar los salarios reclamados, por lo que la trabajadora se consideró despedida.
El  juicio se enderezó contra la SRL y sus administradores y representantes (sólo dos personas que a la vez actuaban como socios gerentes); probándose los extremos denunciados por la dependiente y que la SRL había dejado de funcionar, no contando con bienes inmuebles ni automotores a su nombre; es más, en otro proceso judicial –cuyas copias certificadas se agregaron-uno de los socios gerentes admitió que la SRL carecía de patrimonio.
El pronunciamiento condenó a los socios solidaria e ilimitadamente por aplicación de los arts. 59, 274 y 157 de la LSC por el “uso indebido del poder administrador, como estructura jurídica para una gestión empresaria”, considerando que la inadecuada registración del contrato y la negativa de las reales labores cumplidas por la actora no se podían atribuir a “mera negligencia”, constatando una temeridad lindante con el dolo al desconocer dichas circunstancias, por la estrecha vinculación que tenían con la trabajadora.

Las experiencias prácticas desgranadas precedentemente apuntan a resaltar la trascendencia del fraude laboral en la extensión de responsabilidad.  A veces el trabajo clandestino tiene entidad propia o agrava otros incumplimientos que justifican la condena solidaria de gerentes, directores, administradores y socios.  Pero en otras oportunidades vemos maniobras reñidas con el ordenamiento jurídico que, con mayor o menor intencionalidad, terminan perjudicando al trabajador y ameritan la extensión de responsabilidad.

VII – CONCLUSIONES

7.1.- La extensión de responsabilidad a socios, gerentes y directores de sociedades es una cuestión de suma trascendencia, por lo que deben arbitrarse todos los medios para garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio, inclinándonos por los procesos que brinden mayores posibilidades probatorias a las partes. 

7.2.- La limitación de la responsabilidad patrimonial en cierto tipo de sociedades es un privilegio que no se concede al resto de los comerciantes e industriales, que, como norma, afrontan las deudas con todo su patrimonio. Las razones históricas que dieron fundamento a la limitación de responsabilidad hoy no se aprecian en la mayoría de las sociedades que se constituyen acotando formalmente la responsabilidad de sus integrantes al capital comprometido o aportado.

7.3.- El privilegio concedido a través de la limitación de la responsabilidad debe merecer, para ser mantenido dentro de esa tutela, un comportamiento de los beneficiados con el dispositivo ajustado al ordenamiento jurídico, debiendo actuar como buenos hombres de negocios y absteniéndose de todo tipo de abuso de la personalidad jurídica.  La violación de estas pautas esenciales aparta la protección legal, convirtiéndolos en responsables solidarios e ilimitadamente.

7.4.- Sea al demandar, después de interpuesta la acción e incluso luego de la condena de la sociedad, el pedido de extensión de responsabilidad encuentra su justificación en la persecución del fraude laboral, siendo el trabajo no registrado una de sus principales manifestaciones, pero no la única.  En ese sentido, no existen recetas ni rótulos aplicables en la materia, por lo que cada tema particular tiene sus propias connotaciones y la casuística debe primar, sin pretender desde el inicio que, por el tipo de conducta que se denuncia, medie una condena anticipada.

7.5- De nada valdrá que el juez tenga la percepción personal de que ha existido el fraude laboral, o, a la inversa, que el socio, gerente o director ha actuado conforme a derecho y observando el comportamiento de un buen hombre de negocios, si no puede respaldar dicha apreciación en pruebas incorporadas al proceso.  Por ende, ningún esfuerzo probatorio será menor, atento los intereses y derechos que se ponen en juego.


1Diccionario Enciclopédico Sopena. Tomo 2” Ed. Sopena, pág. 1254

2 DOBSON, Juan M.: “El abuso de la personalidad jurídica”, Depalma, Buenos Aires, 1991, pág. 64

3 MOEREMANS, Daniel E.: “Extensión de la responsabilidad de los socios en sociedades de capital en virtud del ‘Disregard of de the legal entity’ ”, RCDO, 1989, pág. 719

4 SUAREZ ANZORENA, Carlos: “Personalidad de las sociedades”, en cuadernos de derecho societario, págs. 133/134

5 CNC, Sala “C”, 27/08/81, JA, 24/03/82, pág. 25; CNC, Sala “D” 17/11/81, LL, 06/04/82, pág. 14

6 CSJN caso “SWIFT”, 04/10/73

7 CAZEAUX, Pedro N. y TRIGO REPRESAS, Félix A.: “Compendio de Derecho de las Obligaciones”, Ed. Platense SRL, 1992, T I, pág. 501

8 CNC, Sala “D”, 31/12/76, DJA, 09/08/78

9 DE SOLÁ CAÑIZARES, Felipe: “La administración de la sociedad anónima en derecho comparado”, LL, Tº  55, pág. 879

10 ARECHA Y GARCÍA CUERVA: “Sociedades Comerciales”, Desalma, Bs. As. 1983, págs. 104/106

11 HALPERÍN, Isaac: “Curso de Derecho Comercial”, Ed. Desalma, Bs.As. 1981, Vol. I, págs. 272/273

12 CNC, Sala “B”,  29/06/72, LL, Tº 53, pág. 436

13 CNA,  31/03/66, JA, 1967, Tº II, pág. 291

14 FARINA, Juan M.: “Tratado de Sociedades Comerciales”, Zeus, Tº  I – “A”, Rosario, 1980, págs. 280/281

15 BRUNETTI, Antonio: “Tratado del Derecho de las Sociedades”, Ed. UTHEA Argentina, Bs. As. 1960, Tº 3, pág. 202

16 HALPERÍN, Isaac: “Curso de Derecho Comercial”, Ed. Desalma, Bs. As., 1981, Vol. I, Parte General, págs. 274/275

17 RICHARD, ESCUTI Y ROMERO: “Manual de Derecho Societario”, Ed. Astrea, Bs. As. 1980, pág. 117

18 NISSEN, Ricardo A.: “Ley de Sociedades Comerciales”, Ed. Ábaco, Bs. As. 1982,  Tº  I,  págs. 203/204

19 BORDA, Guillermo A.: “El valor de la personería”, LL, Tº  142, pág. 1160

20 FARINA, Juan M.: “Tratado de sociedades comerciales”, Zeus, Rosario 1984, Tº IV, pág. 56

21 LÓPEZ, Justo: “Ley de Contrato de Trabajo…”, López-Centeno-Fernández Madrid, Ed. Contabilidad Moderna, Bs. As. 1987, Tº I, págs. 207/208

22 SARDEGNA, Miguel A.: “Ley de Contrato de Trabajo”,  Ed. Universidad, Bs. As. 1986, pág. 56

23 DE CASTRO Y BRAVO, Federico:  “Derecho Civil en España”, Madrid 1955, Tº I, págs. 611/612